El reciente enroque en el Ministerio de Economía, con el arribo de Álvaro García —viejo conocido de la política, militante PPD y exministro en los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos—, no es un simple cambio de gabinete. Es la postal de una práctica enquistada en el aparato público: la puerta giratoria de las élites políticas, esa que intercambia nombres y cargos sin alterar los problemas de fondo.
El simbolismo es evidente. García fue hasta hace poco el principal vocero económico de la candidatura fallida de Carolina Tohá, actual pareja de Mario Marcel, ministro saliente y hasta ayer sostén central de la conducción económica. El reemplazo se vuelve, entonces, casi un juego de espejos: el hombre que defendía las ideas económicas de Tohá llega al mismo sillón que deja vacante quien es hoy su pareja. Círculo cerrado.
Pero lo relevante no está solo en la anécdota personal o en la trama de lealtades internas. Lo que este episodio desnuda es algo más grave: la precariedad de los gobiernos corporativos en el Estado chileno. Si en el sector privado un directorio que reciclara permanentemente a los mismos nombres para resolver crisis estratégicas sería blanco de críticas por falta de innovación, riesgos de captura o déficit de independencia, ¿por qué en el sector público parece tolerable?
Chile enfrenta un cuadro económico delicado: estancamiento, baja confianza empresarial y un clima político enrarecido. La señal que se envía con este enroque no es de renovación ni de solidez institucional, sino de autorreferencialidad. De que las decisiones se toman mirando más la geometría de las lealtades internas que las necesidades de gobernanza del país.
La política chilena parece atrapada en un loop donde la experiencia se confunde con inercia, y la continuidad con estancamiento. Una puerta giratoria que no se detiene y que, como en cualquier mal diseño de gobierno corporativo, termina debilitando la confianza en la conducción y la legitimidad del sistema.
