Segundo Tribunal Ambiental acogió el reclamo de dos asociaciones indígenas
Collahuasi quedó sin el permiso ambiental que aprobaba su proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”, luego de que el Segundo Tribunal Ambiental acogiera el 14 de mayo de 2026, en Santiago, la reclamación de dos asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya. El fallo deja sin efecto la resolución del Comité de Ministros que había rechazado sus reparos y obliga a reabrir una etapa clave de la evaluación. La decisión importa porque golpea una iniciativa diseñada para extender por 20 años la operación minera en Tarapacá.
El punto que hizo caer la aprobación ambiental
La sentencia acogió la reclamación presentada por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta de Chanavaya y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya. Para el tribunal, sus observaciones no fueron debidamente consideradas durante la evaluación ambiental del proyecto.
El núcleo del fallo está dividido en dos materias: la línea de base del medio humano y la evaluación del medio marino. Según la sentencia, la autoridad no abordó de manera suficiente la relación de las comunidades con el maritorio de Punta Patache y el Sector Puerto Collahuasi, donde el proyecto considera obras asociadas a una planta desaladora.
El tribunal ordenó reabrir una etapa clave de la evaluación ambiental, antes del informe técnico que recomendó aprobar el proyecto. Previamente, el Servicio de Evaluación Ambiental deberá realizar reuniones con las asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya para recoger antecedentes sobre su relación con el borde costero y el maritorio. Con esa información, la autoridad deberá definir si corresponde abrir un proceso de consulta indígena.
Lo que está en juego para la minera
El proyecto busca dar continuidad a la operación de Collahuasi por 20 años adicionales. También contempla elevar la tasa de procesamiento de minerales sulfurados desde 170 mil toneladas por día a 210 mil toneladas por día, además de modificar la tecnología de lixiviación hacia biolixiviación.
La iniciativa considera obras en 8.547 hectáreas, de las cuales 3.639 hectáreas corresponden a nuevas superficies a intervenir. En el Sector Puerto Collahuasi, ubicado en Punta Patache, a unos 60 kilómetros al sur de Iquique, se proyecta una planta desaladora con obras marinas de captación, impulsión y descarga de efluente salino. El sistema fue diseñado en dos fases, con caudales máximos de 525 litros por segundo y 1.050 litros por segundo en el cuarto y octavo año del proyecto, respectivamente.
Medio marino queda bajo revisión
El fallo también exige abordar nuevamente observaciones vinculadas al medio marino. Entre ellas, la velocidad de succión de agua de mar, la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino, el descarte de impactos sobre recursos hidrobiológicos y el alcance del plan de vigilancia ambiental de la planta desaladora.
Ese punto es sensible para las asociaciones reclamantes. Su actividad depende de la pesca artesanal, la recolección de orilla, el buceo y el uso de zonas costeras que, según el tribunal, no fueron caracterizadas con el estándar necesario para descartar una afectación sobre sus sistemas de vida y costumbres.
El fallo no acogió todos los reclamos
La sentencia no significó un triunfo completo para todos los reclamantes. El tribunal rechazó la acción de la Familia Barreda Paniagua y también la presentada por asociaciones indígenas de Matilla y Quisma, al estimar que no acreditaron suficientemente una afectación directa o legitimación activa en los términos exigidos por la normativa.
Con todo, el golpe regulatorio para Collahuasi es relevante. La minera no pierde solo una resolución administrativa: deberá volver a una fase sustantiva de la evaluación, responder nuevas exigencias técnicas y enfrentar una discusión más amplia sobre el vínculo entre desalación, comunidades costeras y uso económico del mar.
El próximo movimiento queda ahora en manos del Servicio de Evaluación Ambiental. Para la industria minera, el fallo instala una señal que va más allá de Tarapacá: los proyectos que dependen de infraestructura hídrica costera ya no se juegan únicamente en la ingeniería de la obra, sino también en cómo acreditan su impacto sobre comunidades, recursos marinos y territorios en disputa.
Revisa acá la Sentencia: Resuelve: rechaza roles R-448-2024 y R-457-2024. Acoge rol R-430-2023
