Se atrinchera en los tribunales para mantener su modelo de cobranza
En pleno 18 de septiembre, la Asociación del Retail Financiero, que agrupa a gigantes como Servicios Financieros Líder - BCI, Hites, CMR Falabella, Dimarsa, SBPay, Cencosud, Spin y CAR Ripley, abrió fuego contra la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). El gremio exige que la resolución que obliga a usar los prefijos 600 y 809 en llamadas masivas no se aplique a la cobranza extrajudicial, insistiendo en que no se trata de spam, sino de un “contacto legítimo” con el deudor, señala el diario La Tercera.
La ofensiva se sustenta en un dato alarmista: aseguran que la medida redujo en 40% la contactabilidad en los primeros 30 días de operación, lo que - según su lectura - podría derivar en un “riesgo sistémico” para el crédito. La Subtel, sin embargo, defiende que la norma apunta a transparentar las llamadas y proteger a los usuarios frente a fraudes y suplantaciones.
El 13 de agosto, mismo día en que la regulación entró en vigor, el Retail Financiero interpuso un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando precipitación y desconocimiento del sector financiero por parte de la autoridad. En la audiencia, la abogada Carla Bordoli representó al gremio, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) defendió la postura de Subtel.
La arremetida del sector privado no es menor. El gremio acusa falta de coordinación con el Ministerio de Economía, que tiene en consulta un nuevo reglamento de cobranza extrajudicial, y sostiene que la superposición de normativas podría encarecer el crédito e impactar la inclusión financiera. En esa línea, empresas de cobranza como Recsa sumaron advertencias: los contactos directos habrían caído entre un 15% y un 20% tras la medida, lo que - afirman - incrementará la morosidad en hasta un 10% y golpeará con fuerza a los microcréditos.
Cooperativas también se hicieron parte del reclamo. Coopera, que agrupa a Coopeuch, Coocretal, Coonfia y Detacoop, advirtió que la regulación erosiona la confianza con sus socios, al limitar la posibilidad de entregar soluciones oportunas en situaciones críticas.
Subtel, por su parte, rechaza el dramatismo del gremio. Explica que los nuevos prefijos permiten a los usuarios reconocer si lo que entra a su celular es una oferta, una cobranza o un intento de estafa. Y subraya que se trata de un ordenamiento básico del ecosistema telefónico, donde cada persona puede decidir si contesta o no una llamada sin caer en engaños.
El trasfondo es evidente: el retail financiero no está defendiendo la estabilidad del crédito ni la inclusión financiera, como intenta instalar en su discurso, sino su capacidad de presionar a los deudores a través de call centers que, hasta ahora, operaban sin cortapisas. El argumento del “riesgo sistémico” busca ocultar lo que en verdad les preocupa, la pérdida de efectividad en su negocio de cobranza, un negocio que descansa en insistencia, repetición y, muchas veces, hostigamiento telefónico.
La ofensiva judicial y comunicacional del gremio revela un lobby directo para blindar una práctica que en la opinión pública ya no tiene buena reputación. Las llamadas reiteradas, a cualquier hora y desde números desconocidos, se parecen mucho más al acoso que a una “gestión legítima” de cobranza. La regulación de Subtel, al obligar a transparentar el origen de esas llamadas, expone crudamente cómo operan los grandes conglomerados de crédito al consumo, lo que explica la desesperación del sector por frenar la medida.
El timing no es casual: la arremetida se da justo en un momento en que la ciudadanía exige mayor protección frente a estafas telefónicas, más transparencia en el trato con los clientes y límites claros a las prácticas abusivas de la industria financiera. En lugar de reconocer ese cambio de época, el retail financiero se atrinchera en los tribunales para mantener intacto un modelo de cobranza que, bajo la lógica de “inclusión financiera”, ha terminado asfixiando a miles de hogares chilenos con deudas difíciles de pagar.
