Gremio advierte que el plan del Gobierno vulnera principios constitucionales.

Este martes, en sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el Director Ejecutivo de Generadoras de Chile A.G., Camilo Charme, expuso reparos y cuestionamientos al Proyecto de Ley de Subsidio Eléctrico (Boletín 17064-08).
El gremio planteó que la propuesta del Ejecutivo validaría mecanismos que carecen de respaldo constitucional y que alteran de forma sustantiva las reglas tributarias y contractuales vigentes.
Charme sostuvo que el proyecto envía señales preocupantes en tres aspectos:
- Introduce la figura de autocontención, que evita una discusión tributaria general y no cuenta con reconocimiento legal ni constitucional.
- Actúa como una reforma tributaria encubierta, traspasando el costo de un subsidio nacional a un solo subsector económico, de forma arbitraria.
- Canaliza fondos públicos sin trazabilidad suficiente, destinando menos del 30% de los recursos comprometidos directamente al subsidio.
Cifras y excedentes
Según los cálculos expuestos, entre 2025 y 2027 la recaudación total vinculada al subsidio alcanzaría los $533 mil millones (U$549 millones), compuestos por:
- Aportes de Hacienda: U$20 millones anuales (2025 y 2026).
- Aportes de clientes: $105 mil millones anuales (2025 y 2026).
- Sobre-recaudación de IVA: $80 mil millones anuales (2025, 2026 y 2027).
- Multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): $15 mil millones anuales (2025, 2026 y 2027).
El costo estimado del subsidio para el mismo período sería de $380 mil millones (U$391 millones), lo que dejaría un excedente de $153 mil millones (U$157 millones) en favor del fisco. Esta cifra aumentaría a $233 mil millones (U$240 millones) con la aplicación del nuevo impuesto verde, que implicaría un recargo de U$3 por MWh sin posibilidad de compensación.
Críticas al impuesto verde
El gremio sostuvo que este impuesto, originalmente concebido como una herramienta correctiva de carácter ambiental, perdería ese objetivo para convertirse en un tributo puramente recaudatorio. Además, señaló que se introduciría un cambio estructural en la base imponible sin justificación técnica o constitucional suficiente, y que se alterarían de forma retroactiva condiciones contractuales pactadas bajo la normativa vigente, con impacto sobre consumidores y generadores.
Propuestas del gremio
Generadoras de Chile planteó a la Comisión de Hacienda una serie de ajustes concretos:
- Eliminar la sobretasa transitoria a las emisiones.
- Eliminar la Bolsa Pyme del articulado, argumentando que así se evita una discriminación arbitraria hacia ciertas empresas de generación y se protege la estabilidad del régimen de contratos de suministro eléctrico.
- Asegurar que el 100% de la sobre-recaudación de IVA (unos $80 mil millones anuales) se destine directamente al subsidio para hogares vulnerables, electrodependientes y APR.
- Asegurar que el 100% de las multas de la SEC ($15 mil millones anuales) también financie directamente el beneficio.
- Incorporar formalmente a los sistemas de agua potable rural (APR) como beneficiarios directos del subsidio.
Discusión legislativa
Durante la sesión, Charme recordó que la mesa técnica de tarifas —que contó con participación de autoridades, gremios, academia y ONG— había acordado destinar íntegramente la sobre-recaudación de IVA al financiamiento del subsidio, compromiso que, según dijo, no se estaría respetando en la redacción actual del proyecto.
En su evaluación, el diseño vigente no solo reduce la proporción de recursos efectivamente utilizados para el fin declarado, sino que también sienta un precedente de inestabilidad regulatoria y modifica reglas contractuales en sectores estratégicos, lo que podría desalentar futuras inversiones.
Para el gremio, el subsidio es necesario, pero su financiamiento debe respetar los principios constitucionales, la legalidad tributaria y la certeza jurídica, evitando que se transforme en un mecanismo de recaudación general disfrazado de ayuda social.