Informe advierte riesgo de monopolio
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazar la prórroga hasta 2029 de la concesión del Terminal N.º 2 del Puerto de Valparaíso, actualmente en manos de Terminal Portuario de Valparaíso (TPV), y en su lugar realizar una licitación transitoria.
En su informe, la FNE plantea que el terminal concentra más del 80% de la carga fraccionada de la región, operando en un escenario de baja presión competitiva. La autoridad concluyó que extender el contrato solo mantendría el poder de mercado del concesionario incumbente, mientras que una licitación podría atraer a nuevos interesados, replicando procesos previos donde participaron múltiples oferentes.
La Fiscalía resaltó que TPV ha mantenido rentabilidades positivas desde 2022, comparables o superiores a terminales como Iquique, Arica y Antofagasta, incluso sin necesidad de invertir en infraestructura. Esto demuestra, según el organismo, que las condiciones actuales son atractivas para nuevos competidores.
En contraste, los argumentos de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para justificar la extensión —como costos de transición, continuidad laboral y tarifas vigentes— fueron calificados como marginales frente a los beneficios de eficiencia dinámica y disciplina competitiva de una licitación.
La FNE propuso que solo si el proceso licitatorio quedara desierto debería permitirse la prórroga, bajo las mismas condiciones y sin ventajas adicionales para TPV. De este modo, insistió en que la regla general debe ser la competencia por el mercado y no la extensión contractual, clave para resguardar el interés público en un segmento estratégico del sistema portuario regional.
Claves: ganadores y perdedores
Los que ganan:
- Usuarios del puerto: se blindan contra alzas tarifarias.
- Nuevos operadores: se abre una oportunidad rentable sin grandes inversiones iniciales.
- La institucionalidad de competencia: se refuerza que la regla es licitar.
Los que pierden:
- TPV: ve en riesgo su permanencia asegurada hasta 2029.
- EPV: su estrategia de prórroga queda debilitada.
- Gobierno/autoridades portuarias: quedan bajo presión por avalar un esquema de concentración que hoy se cuestiona.
