Siete empresas procesadoras y a ocho ejecutivos enfrentan cargos por colusión
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a siete empresas procesadoras de centolla magallánica y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido durante casi una década en la Región de Magallanes. El requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) solicita multas por 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a U$54 millones para las compañías, y otras 511 UTA, alrededor de U$445 mil, para los ejecutivos responsables.
Las imputadas concentraron entre 2017 y 2021 hasta el 88% de la compra de centolla viva en la zona, un negocio altamente exportador que tiene como principales destinos a China (68%), Estados Unidos (19%) y México (4%). El perjuicio, según la FNE, recayó directamente en los pescadores artesanales que dependen de este recurso para subsistir.
Una década de colusión en el fin del mundo
La investigación sostiene que, entre 2012 y 2021, las compañías acordaron precios iniciales más bajos al comienzo de cada temporada y coordinaron retrasar las alzas que normalmente ocurren hacia fin de año. El mecanismo operaba con reuniones en muelles y ferias, pero también mediante llamadas, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.
Una ejecutiva de Bakkavör reconoció ante la Fiscalía que compartir información sobre precios con competidores era visto durante años como una práctica “normal”, hasta que pasó a ser sancionada por ley.
Los acusados: empresas y ejecutivos clave
Empresas procesadoras:
- Elaboradora de Alimentos Porvenir (ELDAP)
- International Seafood
- Pesquera Cabo Froward
- Productos Marinos Puerto Williams (PMPW)
- Proyecta Corp
- Sociedad Pesquera Bahía Chilota
- Bakkavör Chile
Ejecutivos acusados:
- Catalina Besnier (International Seafood)
- Edmundo Díaz (PMPW)
- Fernando Ossa (Bahía Chilota)
- Mauricio Inostroza (Cabo Froward)
- Mario Fernandino (Proyecta)
- Ricardo Anguiano (ELDAP)
- Mónica Cárdenas (Bakkavör)
- Rodrigo Allimant (Bakkavör)
Todos ellos, según el expediente, jugaron un rol directo en el intercambio de información sensible y en la coordinación de precios.
Cómo funcionaba el cartel
El esquema consistía en pactar el precio inicial de compra de la centolla al inicio de la temporada y luego coordinarse para contener las alzas. La evidencia incluye correos en que directivos hablan de “aguantar con el precio actual” y mensajes de WhatsApp en que se consultan directamente “¿con cuánto vas a partir pagando?”.
Las interceptaciones telefónicas de 2021 muestran que la práctica seguía activa. En una de ellas, un gerente de Cabo Froward admite estar “tratando de mantener el precio abajo como siempre lo hemos conversado”.
Un recurso bajo presión
La centolla magallánica, conocida comercialmente como Chilean King Crab, es un crustáceo bentónico que habita hasta 600 metros de profundidad en las regiones X y XII. Su talla mínima de captura es de 8 cm, con veda indefinida para hembras y veda biológica en diciembre y enero.
El estado oficial de la pesquería es “en plena explotación” desde al menos 2012, lo que refleja que el recurso ya opera en el límite de sustentabilidad. La flota que lo extrae combina a pescadores artesanales con operadores industriales, pero son los primeros quienes dependen casi por completo de esta actividad para subsistir.
Los productos se comercializan en distintos formatos: cocido-congelados, carne y pinzas, en conserva y enteros eviscerados, es decir, centollas que se presentan completas con caparazón y patas, pero sin vísceras ni órganos internos, lo que mejora la conservación y facilita su consumo.
Si bien China, Estados Unidos y México concentran la mayoría de las exportaciones, los mercados europeos también figuran entre los principales destinos: Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, España e Italia.
Beneficios tributarios bajo sospecha
Seis de las siete empresas acusadas acceden a exenciones de la Ley Navarino, que otorga beneficios tributarios en Tierra del Fuego y Puerto Williams. Este incentivo, diseñado para fomentar el desarrollo de zonas extremas, terminó beneficiando a compañías que, según la FNE, manipularon el mercado local en perjuicio de los pescadores de la región.
Multas y delación compensada
La Fiscalía pidió sanciones ejemplares. Productos Marinos Puerto Williams enfrenta la multa más alta, con 20.650 UTA (unos U$18 millones), seguida de ELDAP con 13.615 UTA. En el caso de Bakkavör, sus ejecutivos Rodrigo Allimant y Mónica Cárdenas quedaron exentos gracias a la delación compensada, que permitió acreditar la existencia del cartel y aportó evidencia clave para la acusación.
Un golpe directo a la pesca artesanal
El caso no solo implica manipulación de mercado, sino un daño social evidente. La centolla es el principal sustento de cientos de familias de la región, y la fijación de precios redujo los ingresos que habrían obtenido en un escenario competitivo. El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grünberg, advirtió que la institución perseguirá colusiones en cualquier rincón del país, incluidas economías regionales donde los efectos pueden ser más devastadores.
