Solicitan incorporar a municipios en diseño del beneficio
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) advirtió ante el Senado que el futuro subsidio al gas licuado podría perder efectividad si no incorpora mecanismos municipales de compra y distribución. Durante una sesión telemática, el presidente de la entidad, Hernán Calderón, sostuvo que el debate no debe limitarse a transferir recursos a las familias vulnerables. A su juicio, el punto crítico es evitar que el beneficio termine absorbido por empresas distribuidoras mediante sobreprecios en un mercado concentrado y con antecedentes de baja competencia.
Seis municipios habrían frenado compras por alzas de precio
El punto más duro de la exposición de CONADECUS fue la denuncia sobre seis municipios que, según la organización, debieron suspender compras masivas de gas tras cambios unilaterales en los precios ofrecidos por distribuidoras.
Calderón afirmó que empresas que inicialmente ofertaron cilindros a $19.649 a través de Mercado Público elevaron luego los valores hasta $26.466 al momento de concretar la adquisición. Para la entidad, esa diferencia refleja un aprovechamiento del poder de mercado y tensiona el diseño de cualquier subsidio financiado con recursos públicos.
La organización sostuvo que este tipo de episodios confirma las debilidades competitivas de un sector dominado por tres grandes empresas. También apuntó a antecedentes previos de la Fiscalía Nacional Económica, que han señalado problemas de competencia en el mercado del gas licuado y sobreutilidades en la industria, incluso en periodos de menores costos internacionales.
Municipios como barrera frente a sobreprecios
La propuesta de CONADECUS es que el subsidio no opere solo como una transferencia directa, sino que utilice la capacidad territorial y operativa de los municipios. La entidad planteó que varias administraciones locales ya han implementado sistemas de compra masiva de vouchers, permitiendo obtener mejores condiciones para los vecinos.
Calderón destacó el caso de Chillán Viejo, donde la gestión municipal habría permitido acceder a balones de gas a valores cercanos a $13.000 o $15.000. Según la organización, esos precios son difíciles de alcanzar cuando la compra se realiza de forma individual y directa con las distribuidoras.
La lógica detrás del mecanismo es simple: concentrar demanda, negociar mejores precios y evitar que el subsidio se diluya antes de llegar al consumidor. Para CONADECUS, esa fórmula también reconoce el esfuerzo financiero que ya hacen varios municipios con recursos propios para aliviar el gasto de los hogares.
El debate apunta a servicios básicos
La discusión también abrió una derivada más estructural. CONADECUS volvió a plantear la necesidad de revisar la carga tributaria de servicios básicos como gas, electricidad y agua potable. Entre sus propuestas históricas está reducir o eliminar el IVA aplicado a estos consumos, por su peso en el presupuesto de los hogares más vulnerables, especialmente durante el invierno.
El debate legislativo, sin embargo, tendrá una prueba más inmediata: definir si el subsidio al gas será solo una ayuda monetaria o si incorporará resguardos para impedir distorsiones de mercado. Para la organización, integrar a los municipios no es un detalle operativo.
Es la condición para que el beneficio llegue completo a las familias y no termine reforzando los márgenes de las distribuidoras.
