Compras de Buk en la mira tras nueva disputa judicial

Conflicto con Bemmbo reactiva viejo patrón y nuevas interrogantes

Compras de Buk en la mira tras nueva disputa judicial

Recientemente se conoció la disputa entre Buk y uno de los cofundadores de Bemmbo, un conflicto que no solo tensiona una adquisición reciente, sino que también vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que la compañía ha ejecutado algunas de sus compras.

El caso, además, no aparece en el vacío. Tiene un antecedente relevante en la adquisición de Ctrl IT, que años antes también derivó en un conflicto judicial y dejó cuestionamientos sobre los procesos asociados a estas operaciones.

El antecedente de Ctrl IT

En esa causa, el periodista y emprendedor Matías Cartajena presentó una querella por estafa en contra de su exsocio Fernando Undurraga, acusándolo de haberle comprado sus acciones en condiciones muy inferiores mientras negociaba, en paralelo, la venta de la compañía a Buk.

La acción judicial sostiene que hubo omisión de información relevante, manipulación de antecedentes financieros y ocultamiento de conversaciones en curso con la compradora. Según el libelo, participaciones adquiridas por cerca de $41 millones antecedieron una venta posterior a Buk cercana a U$2 millones, configurando una diferencia de valorización significativa.

Un elemento central del caso fue la propia cronología de la negociación. El gerente general de Buk, Jaime Arrieta, había señalado públicamente que el contacto con Ctrl IT se inició en febrero y que en unos tres meses ya existía un acuerdo preliminar. Ese antecedente fue incorporado en la querella para sostener que las conversaciones con Buk ya estaban en curso mientras se concretaba la salida de los socios originales.

La acción también apunta a que Buk no habría advertido estas inconsistencias durante su proceso de revisión o no habría entregado toda la información solicitada posteriormente en sede judicial, lo que situó a la compañía dentro del contexto del conflicto.

La defensa de Undurraga ha sostenido que no existen fundamentos para sostener la existencia de delito y que investigaciones previas no prosperaron. Tema en desarrollo.

El caso Bemmbo: una salida anticipada

El conflicto actual tiene un punto de partida claro: la compra de Bemmbo en agosto de 2025 por cerca de U$6 millones, operación con la que Buk buscaba expandirse hacia servicios financieros.

Como parte de esa adquisición, los fundadores se integraron a la compañía con roles ejecutivos. Cristóbal Dotte asumió funciones ligadas al desarrollo tecnológico del proyecto.

El acuerdo contemplaba un pago inicial y un componente variable mediante acciones sujetas a vesting, valorizadas en torno a U$600 mil, que se liberarían en un plazo de cuatro años. El primer tramo relevante se activaba al cumplir 12 meses de permanencia.

Ese hito no se alcanzó.

El 18 de diciembre de 2025, menos de cuatro meses después del cierre de la operación, Buk decidió desvincularlo. Según la demanda, la salida estuvo precedida por una amonestación del directorio y por conversaciones en las que se le habría planteado una salida anticipada.

Tras el despido, las acciones sujetas a vesting fueron recompradas a un valor prácticamente simbólico, lo que dejó sin efecto una parte relevante del acuerdo económico original.

A partir de estos hechos, Dotte interpuso una demanda laboral acusando simulación y fraude, argumentando que la estructura contractual separaba artificialmente remuneraciones y beneficios.

Buk sostiene que la desvinculación respondió a razones de desempeño y pérdida de confianza, descartando irregularidades.

El vesting bajo presión

El caso pone en el centro el uso del vesting, un mecanismo ampliamente utilizado en adquisiciones tecnológicas para diferir pagos en el tiempo.

Sin embargo, su aplicación en contextos laborales abre una zona de tensión. Cuando la permanencia del fundador depende de una relación donde la empresa controla la continuidad, la pérdida de ese beneficio en caso de salida anticipada puede convertirse en el eje del conflicto.

En este caso, además, se abre una discusión jurídica relevante: si esas acciones pueden ser consideradas parte de la remuneración o si corresponden a un incentivo independiente.

Alerta para inversionistas

Para inversionistas actuales, este tipo de episodios difícilmente pasa inadvertido. La acumulación de conflictos asociados a adquisiciones y su escalamiento a tribunales tiende a gatillar revisiones internas, solicitudes de mayores antecedentes y un escrutinio más fino sobre cómo se están estructurando y ejecutando estas operaciones.

No es solo un tema legal. Es exposición.

En ese contexto, la reiteración de disputas puede instalar dudas sobre la calidad de la ejecución y sobre los riesgos no evidentes en la estrategia de crecimiento. Y para inversionistas potenciales, el mensaje tampoco es neutro: más que un caso puntual, empieza a leerse como una alerta sobre posibles fricciones en procesos clave del negocio.

En mercados donde la confianza es central, este tipo de señales no suele ignorarse. Se descuenta, se ajusta o se evita.

Una señal que ya escaló a tribunales

Los casos de Ctrl IT y Bemmbo son distintos en su naturaleza, uno de carácter penal y otro laboral, pero convergen en un punto difícil de soslayar: ambos terminaron en acciones judiciales vinculadas a procesos de adquisición.

En el primero, la controversia se centró en la valorización y en la información disponible al momento de la venta. En el segundo, el foco está en la estructura del acuerdo y en los efectos económicos de una salida anticipada.

No se trata solo de tensiones propias de integraciones complejas. En ambos episodios, el conflicto dejó el plano empresarial y pasó a discutirse en tribunales.

Para una compañía que ha impulsado parte relevante de su crecimiento mediante adquisiciones, la reiteración de este tipo de desenlaces deja de ser un hecho aislado.

Instala una pregunta más estructural: si el problema está en situaciones puntuales o en la forma en que se diseñan, negocian y ejecutan estas operaciones.