Presiones de incumbentes surgen efecto
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió un flanco mayor en la disputa por la modernización del sistema financiero. El regulador decidió extender hasta julio de 2027 la entrada en vigencia del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), una decisión que, en la práctica, recoge íntegramente las presiones de la banca y del retail financiero, ambos insistentes en la necesidad de “más tiempo” para su implementación. Con esto, Chile queda con el calendario más lento entre las economías que han adoptado esquemas similares.
La postergación se incorporó en la consulta pública que modifica la Norma de Carácter General N° 514. El SFA - creado por la Ley Fintech - debía abrir datos financieros bajo consentimiento para acelerar competencia, inclusión y acceso a mejores productos. Pero la decisión de la CMF, según coinciden diversos actores, desarma ese propósito y entrega a los incumbentes un año adicional de respiro, pese a que el país ya acumulaba uno de los plazos más extensos del mundo.
La banca, que desde hace meses advertía “falta de gradualidad”, celebró el ajuste y lo presentó como una decisión técnica indispensable. El retail financiero reforzó esa visión, describiendo el nuevo cronograma como una forma de mitigar el “estrés regulatorio” generado por normas que convergen simultáneamente. La coincidencia no es casual: ambos sectores venían presionando públicamente para ralentizar el proceso.
En contraste, el ecosistema fintech interpretó la señal como un giro inequívoco del regulador hacia los intereses de los actores con mayor poder de mercado. Sostienen que hablar de falta de gradualidad es contradictorio cuando el proceso lleva años de discusión, existe infraestructura habilitada y el diseño técnico ha sido validado por todos los participantes del ecosistema. La conclusión es tajante: la CMF cedió a las presiones de quienes buscan mantener sus posiciones dominantes.
Las fintech advierten que este nuevo retraso no es neutro. Cada mes que se posterga la apertura de datos implica que millones de usuarios sigan accediendo a crédito, ahorro y servicios digitales en condiciones menos competitivas. Señalan que Chile, que ya operaba con una ventana de cuatro años, ahora se instala en cinco: un plazo sin precedente entre países que han adoptado modelos similares, donde el rango habitual oscila entre uno y tres años.
La decisión también tiene impacto reputacional. Para el ecosistema innovador, la CMF envía un mensaje preocupante: prioriza el ritmo de los incumbentes por sobre los objetivos de modernización financiera que la propia Ley Fintech consagró. El resultado es una política pública frenada en su eje central: abrir el mercado, dinamizar la competencia y reducir barreras de acceso.
La consulta pública estará abierta por 30 días. Sin embargo, la percepción quedó instalada: la CMF privilegió las demandas de la banca y del retail financiero, posponiendo una reforma que prometía mayor competencia, inclusión y modernización para un mercado que todavía opera bajo estructuras del siglo pasado.
