Cuentas fiscales bajo investigación
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, convirtió el primer Informe de Finanzas Públicas de su administración en una advertencia sobre la credibilidad de las cifras fiscales chilenas.
En un punto de prensa, sostuvo que el déficit proyectado por el gobierno anterior era “inverosímil”, elevó la estimación pasiva para 2026 a 2,4% del PIB, denunció una inconsistencia en la deuda futura por cerca de US$10.500 millones y anunció una investigación administrativa. El punto es relevante para empresas e inversionistas porque una deuda mayor reduce el margen del Estado para financiar gasto, sostener inversión pública y enfrentar shocks sin elevar el costo de financiamiento.
De un déficit “inverosímil” a una nueva meta fiscal
Quiroz partió con una corrección política y técnica al Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. Según dijo, ese documento proyectaba un déficit de 1,8% del PIB para 2026, pero Hacienda ya tenía una señal de alerta en marzo: la ejecución fiscal acumulada mostraba un déficit de 2,8% del PIB.
Tras revisar ingresos y gastos, el ministro sostuvo que el déficit que debió reflejar ese informe era “más verosímilmente” 2,9% del PIB y no 1,8%. La diferencia, explicó, viene de gastos no considerados, desembolsos que -a juicio de Hacienda- debieron haberse devengado antes y una sobreestimación de ingresos, especialmente los asociados a la ley de cumplimiento tributario.
Con las medidas ya adoptadas, la nueva proyección pasiva baja de 2,9% a 2,4% del PIB. Pero Quiroz dejó abierta una segunda etapa: el decreto fiscal que será publicado el 9 de junio buscará una meta “más ambiciosa” que ese 2,4%.
El golpe mayor está en la deuda
La segunda noticia, según el propio ministro, era “más compleja”. Quiroz separó la discusión de supuestos -donde puede haber diferencias metodológicas- de la consistencia aritmética. Su frase más dura fue que “donde no hay latitud es en la aritmética”.
El punto central es que, al comparar el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025 con el del cuarto trimestre, Hacienda detectó que los déficits proyectados para 2026-2030 aumentaban en torno a 13 billones de pesos. Sin embargo, la deuda proyectada subía solo cerca de 3 billones. Según Quiroz, quedaban alrededor de 9 billones de pesos sin reflejar, lo que equivale a una diferencia cercana a US$10.500 millones.
Esa inconsistencia cambia la lectura de mediano plazo. Lo que el informe anterior presentaba como una deuda estabilizada, dijo el ministro, “no es el caso”. Al corregirse la trayectoria, la deuda pública superaría el nivel prudencial de 45% del PIB hacia 2028 y se acercaría a 46% al final del horizonte de proyección.
Hacienda apunta a responsabilidades internas
Quiroz anunció una investigación interna de carácter administrativo para determinar cómo ocurrió la inconsistencia, quién fue responsable y si se trató de un error u otro tipo de elementos. También señaló que los procedimientos dentro de la Dirección de Presupuestos deben reforzarse, con circuitos de revisión y rechequeo que impidan que un dato quede sin control posterior.
El ministro evitó adelantar sanciones. Consultado por eventuales responsabilidades de autoridades o funcionarios de la administración anterior, respondió que no iba a especular y que la Dirección de Presupuestos deberá cumplir los deberes funcionarios que correspondan. También descartó, por ahora, convocar una comisión externa o al Fondo Monetario Internacional, al argumentar que no está en cuestión el cierre fiscal de 2025, sino la consistencia del cálculo de deuda futura.
Más deuda, más intereses y posible autorización adicional
El punto de prensa también dejó una señal directa para el mercado. Quiroz reconoció que, con más deuda, hay más intereses. Y frente a la pregunta de si el Gobierno necesitará solicitar autorización adicional de deuda este año, respondió que “muy probablemente sí”, aunque aclaró que Hacienda aún debe terminar de estudiar la situación y evaluar otras opciones.
Ese elemento conecta con el análisis de la Dirección de Presupuestos sobre el primer trimestre. La deuda bruta del Gobierno Central llegó a US$158.215 millones, equivalente a 42,6% del PIB. La posición financiera neta fue de -38,5% del PIB y, de la autorización legal de endeudamiento por US$17.400 millones para 2026, ya se había utilizado 38% al cierre de marzo.
Empresas miran inversión, pagos y crecimiento
El impacto para empresas no está solo en el ratio de deuda. Está en el margen efectivo del Estado. La Dipres ya había advertido que el primer trimestre cerró con ingresos apoyados casi exclusivamente en minería, mientras la recaudación no minera cayó 6,1% y representa cerca del 90% de los ingresos. También alertó que el gasto corriente crece a un ritmo no compatible con la proyección anual y que la inversión pública cayó 25,7% real.
Para constructoras, concesionarias, proveedores públicos, ingeniería, consultoras y regiones, una caja fiscal estrecha puede traducirse en menor ritmo de inversión, mayor presión por recortes y más incertidumbre sobre pagos o nuevos proyectos. Para inversionistas y clasificadoras, el foco estará en la capacidad de Hacienda para ordenar el déficit sin deteriorar crecimiento ni credibilidad.
Quiroz intentó cerrar con un mensaje de calma, pero también de ajuste. Dijo que no ve “motivo de alarma”, aunque admitió que el trabajo fiscal será “más pesado” de lo imaginado. Su tesis es que la salida no vendrá solo por recorte de gasto, sino por crecimiento, empleo, inversión y mayor recaudación. Esa será la prueba política y económica del nuevo decreto fiscal.
