El regulador financiero extiende un año el uso de este método pese a tener acceso directo a información sobre los usuarios más expuestos. Aún no hay soluciones concretas para una transición segura.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció que postergará por un año la entrada en vigencia de la eliminación de las tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación para pagos y transferencias electrónicas. Según el organismo, la decisión busca facilitar la transición hacia sistemas más seguros, especialmente para aquellos usuarios “más intensivos en el uso de medios impresos”, en clara referencia a los adultos mayores.
Aunque la medida se presenta como un gesto de protección, revela una carencia más profunda: la exclusión digital de una parte significativa de la población que, hasta ahora, no ha recibido apoyo efectivo ni alternativas claras para sumarse con seguridad al ecosistema financiero digital.
La propia CMF tiene herramientas para solicitar a las instituciones financieras información sobre el perfil de sus clientes, incluyendo datos como rangos etarios, zonas geográficas y patrones de uso. Es decir, el regulador no solo puede identificar con precisión a los grupos más expuestos, sino también exigir planes de acción focalizados. Sin embargo, hasta hoy no se conocen lineamientos específicos ni políticas públicas orientadas a resolver esa brecha digital con medidas concretas.
La eliminación de las tarjetas de coordenadas forma parte de una actualización normativa más amplia, contenida en la Norma de Carácter General N° 538, que busca elevar los estándares de ciberseguridad mediante la implementación obligatoria de la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC). Ahora, ambos procesos comenzarán a regir recién en agosto de 2026.
Mientras tanto, miles de usuarios —especialmente personas mayores— seguirán operando con mecanismos considerados inseguros por la propia autoridad. La extensión del plazo no resuelve el problema: solo lo posterga.
