Alerta aumento de gasto en PGU
El aumento de pensionados y el creciente costo de la Pensión Garantizada Universal (PGU) comienzan a encender alertas sobre la sostenibilidad fiscal. Un estudio elaborado por la economista Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, advirtió que el sistema previsional enfrenta una presión estructural que podría agravarse durante los próximos años si no se adoptan cambios profundos.
El informe sostiene que el envejecimiento acelerado de la población está disparando el gasto estatal en pensiones, especialmente en el Pilar Solidario y la PGU. Entre 2010 y 2026, la población mayor de 65 años prácticamente se duplicó, pasando de 1,6 millones a casi 3 millones de personas. Las proyecciones apuntan a que este grupo seguirá creciendo a tasas superiores al avance de la economía.
La investigación subraya que el gasto previsional explicó el 20% del incremento del gasto público durante 2025, impulsado principalmente por la expansión de la PGU y el aumento de beneficiarios. Actualmente, el beneficio alcanza hasta $250.275 para mayores de 82 años y continuará ampliando cobertura en los próximos años.
Según el análisis, el número de beneficiarios por vejez e invalidez del Pilar Solidario pasó de 1,6 millones en 2019 con un gasto por $2.361.235 millones, a 2,7 millones de beneficiarios en 2025 con un gasto por $7.061.129 millones. El documento advierte que esta expansión crece incluso más rápido que el PIB tendencial del país, tensionando las cuentas fiscales.
El estudio también pone foco en el mercado laboral y el aumento de jubilados. Solo en marzo de 2026, los pensionados por vejez crecieron 7,9% anual, muy por sobre el crecimiento de la población mayor. Los retiros programados subieron 12,5% y las rentas vitalicias avanzaron 13,4%.
Frente a este escenario, la economista plantea elevar gradualmente la edad legal de jubilación. La propuesta apunta a llevarla a 65 años para mujeres y 67 años para hombres en un plazo de 20 años, aplicando cambios progresivos para las generaciones más jóvenes.
El informe sostiene que mantener intacto el esquema actual podría transformarse en una carga fiscal cada vez más difícil de financiar, especialmente en un escenario de bajo crecimiento económico y menores ingresos estructurales para el Estado.
