Según informe de CChC
Chile necesitará invertir más de U$252 mil millones en infraestructura durante la próxima década para enfrentar los crecientes problemas de congestión, energía, conectividad y servicios básicos. Así lo reveló un informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que advierte un fuerte retraso en obras clave mientras la demanda urbana y productiva sigue aumentando.
El estudio estima que el país deberá destinar recursos equivalentes al 7,3% del PIB anual entre 2026 y 2035 para cerrar las brechas acumuladas en ocho sectores estratégicos. El gremio plantea que el 42% de esos recursos debería ser financiado por privados, un 34% por el Estado y un 23% mediante asociaciones público-privadas.
La principal urgencia aparece en movilidad interurbana, donde las necesidades alcanzan U$55.451 millones. Actualmente las principales rutas del país ya operan con niveles de saturación cercanos al 38%, porcentaje que podría subir hasta 48% si no se ejecutan nuevas obras.
La situación también preocupa en aeropuertos y puertos. Según el informe, casi un tercio de los pasajeros podría enfrentar problemas de traslado hacia 2035 y cerca de la mitad de la carga portuaria sufriría complicaciones logísticas por falta de capacidad.
En movilidad urbana, las brechas llegan a U$43.729 millones. El documento advierte que un tercio de las principales ciudades del país ya presenta niveles críticos de congestión. Para revertirlo, la CChC propone una cartera de 142 proyectos que incluyen autopistas urbanas, corredores exclusivos, ampliaciones viales, nuevas líneas de Metro, tranvías, teleféricos y más de 1.700 kilómetros de ciclovías.
El tercer mayor déficit está en energía, con inversiones proyectadas por U$39.951 millones. La demanda eléctrica crecería 46% hacia 2035 impulsada por minería, electromovilidad, urbanización y expansión de data centers. A esto se suma el desafío de avanzar hacia la carbono neutralidad y ampliar el acceso eléctrico en zonas rezagadas.
El informe también detecta fuertes déficits en recursos hídricos, conectividad digital, salud, educación y cárceles. En educación, casi la mitad de las escuelas públicas presenta deterioro severo. En infraestructura penitenciaria, el sistema mantiene un déficit crítico: existen cerca de 62 mil internos para poco más de 42 mil plazas disponibles.
