Durante exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara
El Consejo Fiscal Autónomo lanzó cuestionamientos al proyecto de Reconstrucción del Gobierno y encendió una nueva alerta sobre su impacto en las cuentas públicas. El organismo advirtió que la iniciativa compromete gasto inmediato, reduce ingresos permanentes y descansa en proyecciones de crecimiento demasiado inciertas para sostener su viabilidad fiscal.
Durante su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, el CFA sostuvo que el proyecto generará déficits al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto positivo que Hacienda proyecta sobre la actividad. El punto más crítico, según el organismo, es que el costo fiscal es inmediato y seguro, mientras los beneficios dependen de un crecimiento futuro que no está garantizado.
El Consejo advirtió que, sin considerar los efectos de crecimiento que estima el Gobierno, la iniciativa implica un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB. Incluso incorporando esos efectos de segunda vuelta, el balance seguiría siendo deficitario durante varios años y requeriría financiamiento adicional de magnitud relevante entre 2026 y 2031.
El CFA identificó once focos de riesgo, nueve de ellos directos. Entre los principales cuestionamientos figuran la rebaja del impuesto corporativo sin compensación clara, el alto costo del crédito tributario al empleo, el eventual mayor impacto de la exención de IVA a viviendas nuevas y la incertidumbre sobre los ahorros proyectados por incentivos al retiro y control de licencias médicas.
También puso en duda el costo real del mecanismo de compensación a empresas por anulaciones de permisos ambientales, además de los efectos fiscales de nuevas fórmulas de regularización tributaria y repatriación de capitales. A eso se suma una crítica de fondo: el Gobierno construyó parte importante del proyecto sobre supuestos económicos que todavía no tienen respaldo suficiente.
La presidenta del CFA, Paula Benavides, recomendó modificar el proyecto para acercarlo a una trayectoria de mayor neutralidad fiscal, incorporar medidas compensatorias y someter sus proyecciones a escenarios de estrés. El mensaje al Ejecutivo y al Congreso fue directo: sin correcciones, el plan de reconstrucción puede transformarse en una nueva presión estructural sobre una caja fiscal ya debilitada.
